Constitución Política #Mx: “Artículo 6o. El derecho a la información será garantizado por
el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre
acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”
Hace unos meses escribía en este
espacio blogger sobre el debate que las y los legisladores librarían respecto a la
legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El
once de junio de 2013 se concretó la reforma constitucional con su publicación
en el diario oficial de la federación. El Senado de la República aprobó ya: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; Ley del Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano; así como una miscelánea
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Con
esta acción legislativa - en un solo paquete - se reestructura todo un
andamiaje jurídico para regular el espectro radioeléctrico y de cierta forma,
los contenidos o productos culturales multimedia que se transmitan a través de
este espacio invisible que forma parte del territorio nacional.
La pregunta obligada ¿La reforma
constitucional y su consecuente legislación secundaria garantizan derechos y libertades
de los mexicanos? Desafortunadamente la óptica que ha librado este debate en
los días recientes se aleja mucho de este cuestionamiento. Fundamentalmente se
ha librado una batalla argumental sobre los agentes preponderantes del mercado
(por sector o por servicio) es decir, el debate se centra sobre el jugoso
negocio de los servicios de telefonía (móvil y fija), televisión y radio, así
como la transmisión de datos y conectividad a internet (Triple play).
Visto así, es desafortunada la derogación
de una legislación específica para radio y televisión que en nuestra época, converge
con las tecnologías informáticas o de la información y comunicación TIC´s.
Así las cosas, el debate se ha
quedado en un pugna por el reparto de las concesiones para la explotación del
espectro ya sea con fines comerciales o sociales. Entonces ¿Cómo el Estado garantizará
nuestro derecho de acceso a la información y nuestra libertad de expresión? ¿Cuál
será el mecanismo? ¿Cuál institución del gobierno o de los gobiernos o acaso una
autónoma? No me queda claro.
Pero también creo que en el fondo el
legislador está olvidando poner en primer término, garantizar el derecho a
la identidad nacional y la protección del proyecto de nación ante los embates ideológico
- políticos de los productos culturales del mainstream norteamericano y sus
filiales globales que invaden nuestras pantallas, auriculares y gadgets.
Observamos así, el debilitamiento de las políticas
públicas para promover y fortalecer a los medios púbicos, comunitarios y
ciudadanos. ¿En dónde, en que espacio se defenderá la identidad nacional? ¿Acaso
no queremos fortalecerla y exaltarla? No estoy muy seguro entonces cual es el
proyecto de nación que se construirá después de la aprobación de este marco jurídico.
La legislación debería garantizar y proteger
derechos y libertades ciudadanas, no únicamente el acceso a productos y
servicios. Si esta apuesta falla seguramente en un par de legislaturas veremos
surgir nuevas propuestas para reconstruir el andamiaje jurídico del espectro radioeléctrico y en consecuencia de los medios
de comunicación con el objetivo (ahora sí) de fortalecer su función cívica y social.
Al tiempo
ANEXO NEXT-->
Existen tracks sobre historias urbanas que marcan épocas...
"por que mañana nada cambia sino cambias, que el pasado es el cuerpo y no cambia"
Fase... Tania...
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